Historia del Caso: Berta Cáceres
El 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la defensora indígena de renombre mundial Berta Cáceres y le asesinaron. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El Tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras,que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
- Arriba
- Sobre
- 6 Diciembre 2018 : Condena en juicio por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres
- 5 Mayo 2016 : Cuatro personas arrestadas por el asesinato de Berta
- 7 Marzo 2016 : Carta pública dirigida al presidente Hernandez de Honduras
- 3 Marzo 2016 : Asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres
- 11 Febrero 2014 : Sobreseimiento definitivo en el proceso contra la defensora de derechos humanos la Sra Berta Cáceres
- 28 Enero 2014 : Detención temporal de defensora de derechos humanos la Sra Berta Cáceres
- 17 Enero 2014 : Sobreseimiento provisional en el proceso de la defensora y los defensores de derechos humanos Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina
- 25 Septiembre 2013 : Pre-trial detention order against human rights defender Berta Caceres
- 18 Junio 2013 : Concedieron a la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el sobreseimiento temporal en procedimientos por falta de pruebas
- 27 Mayo 2013 : Detención arbitraria, y liberación posterior, de Berta Cáceres y Tomás Gómez Membreño
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El Tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Desa, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo de 2016.
Berta Cáceres era una de las más prominentes defensoras de derechos humanos en Honduras y una mujer indígena Lenca que, durante los últimos 20 años, ha trabajado en la defensa del territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993, Berta co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó campañas contra los megaproyectos que traían violaciones a los derechos de las personas indígenas en el país. La defensora de derechos humanos fue una finalista al Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014, y en 2015 recibió el Premio Ambientalista Goldman.
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: al ex jefe de seguridad de Desa y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos Douglas Geovanny Bustillo; al ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández; al oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos, Mariano Díaz Chávez; Óscar Torres; al gerente ambiental de Desa Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rapalo; y Edilson Duarte Meza. El 29 de noviembre de 2018, el hermano de Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza, fue declarado inocente ante acusaciones de tentativa de ocultación al crimen.
La decisión del Tribunal Penal Nacional fue unánime por los tres jueces del caso, los cuales concluyeron que el grupo condenado actuó como sicarios contratados por ejecutivos de la compañía Desa, debido a pérdidas financieras resultantes de la labor de derechos humanos de Berta Cáceres en la región. Las partes culpadas serán sentenciadas el 10 de enero de 2019, y enfrentarán hasta 30 años de prisión.
Sin embargo, el juicio de la única persona acusada como autor intelectual del asesinato sigue pendiente. Roberto David Castillo Mejía, un ex oficial de inteligencia militar y presidente de Desa, fue acusado de contratar a los asesinos. Él fue detenido al aeropuerto de San Pedro Sula el 3 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
El proceso penal en contra de los ocho acusados ha estado marcado por controversias, especialmente con relación a la decisión del Tribunal de expulsar a la familia de Berta Cáceres y sus abogados del caso – dejando la defensa a cargo del Ministerio Público, el cual ha recibido denuncias por no respetar los derechos procesales de la familia de la defensora.
Front Line Defenders acoge la decisión del Tribunal, sin embargo, permanece preocupada por la posibilidad de que no todos los involucrados en la planeacion del asesinato sean responsabilizados. Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el incremento de niveles de violencia extrema al que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
El 2 de mayo d 2016, cuatro hombres fueron arrestados con relación al asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos, asesinada a tiros en su hogar en Intibucá, el 3 de marzo de 2016.
Carta de los familiares de Berta y del COPINH a las autoridades
De acuerdo con la Oficina del Procurador Público de Honduras, dos de las personas arrestadas tienen relación con Desarrollos Energéticos SA (DESA), la compañía hondureña que estaba construyendo la represa de Agua Zarca, a la que se oponían rotundamente Berta y el COPINH, su organización. La defensora hizo campaña con éxito contra el proyecto hidroeléctrico, que había sido iniciado sin que se consultada adecuadamente ni se obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas locales.
La prensa hondureña informa que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los arrestados, es un ingeniero que trabaja en la represa de Agua Zarca. Otro de ellos, Douglas Geovanny Bustillo, es funcionario militar retirado y ex responsable de la unidad de seguridad de DESA. Los otros dos hombres arrestados, Mariano Díaz Chávez y Edison Atilio Duarte Mesa, son un ex militar y un integrante de las fuerzas armadas todavía en funciones.
En una carta abierta publicada el 2 de mayo, tras conocerse los arrestos, los familiares de Berta y sus colegas expresaron su preocupación por la investigación que llevan a cabo las autoridades hondureñas:
“Fuimos excluidos del proceso de investigación desde el inicio, de modo que no podemos afirmar si los arrestos recientes son resultado de una investigación adecuada y detallada, ni si entre los arrestados se hallan también los autores intelectuales del crimen (…). Nos sentimos desilusionados, porque no se nos dio ninguna participación en la investigación conducida por el Procurador Público. No escuchó nuestras voces”.
La familia de Berta supo de los arrestos por las noticias. Las autoridades no les informaron con antelación. La familia ha criticado fuertemente la forma en que el gobierno de Honduras se ocupa del caso de Berta y ha reiterado su llamado para que se permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevar a cabo una investigación transparente e independiente.
“Si el Procurador Público y sus funcionarios trabajaron correctamente, no tienen nada que temer si la Comisión Interamericana lanza de inmediato otra investigación. Queremos verdad y justicia para el asesinato de Berta. Si alcanzamos esto, será una victoria para todos nosotros”, afirman familiares y colegas de la defensora en su carta.
Front Line Defenders apoya a la familia de Berta y a los integrantes del COPINH en su llamado a la vez que recuerda al gobierno de Honduras que toda investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres debe considerar su labor por los derechos humanos y las por lo menos 33 amenazas conocidas que recibió por causa de su tarea. Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación por la falta de información brindada a la familia de Berta sobre la investigación realizada.
Estimado Presidente Juan Orlando Hernández
En representación de más de 50 organizaciones internacionales, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra conmoción y preocupación por el reciente asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y dirigente de la organización indígena COPINH.
Como bien sabrá, unos hombres armados asesinaron a tiros a Cáceres durante la madrugada del 2 de marzo de 2016. Durante años Cáceres recibió múltiples amenazas de muerte y sufrió varios intentos de secuestro por su labor de defensa de la tierra indígena del pueblo Lenca frente al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco. Estas amenazas se habían intensificado en las últimas semanas tras retomarse la construcción de la presa.
Exigimos que se lleve a cabo una investigación internacional e independiente de las circunstancias en torno a la muerte de Cáceres y que se garantice la protección de su familia y sus compañeros. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Cáceres medidas cautelares de emergencia por su situación de extrema vulnerabilidad, ella llegó a denunciar que el Gobierno de Honduras no las había aplicado plenamente.
Exigimos también acción urgente para proteger a Gustavo Castro Soto, un activista mexicano que fue testigo al asesinato, y para asegurar su regreso seguro a México.
El caso de Berta Cáceres es el asesinato de mayor notoriedad en la tendencia cada vez más grave que se observa en Honduras de asesinatos, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas sobre la tierra. Honduras es el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, ya que, entre 2010 y 2015, se asesinó a al menos 109 de estos activistas.
El caso de Berta Cáceres no ha escapado de la atención de la comunidad internacional. EL Senador estadunidense Patrick Leahy le ha llamado a usted, Presidente, a castigar a los responsables por “este crimen despreciable”. El año pasado, la Senadora estadounidense Barbara Boxer escribió una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para insistir en que se ofrezca una mejor protección a los/as defensores/as del medio ambiente en Honduras. Este llamamiento se produjo como respuesta directa a la entrega a Cáceres del Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015, un prestigioso galardón con el que se premia a activistas ambientales locales de todo el mundo. La noticia de su muerte ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacionales.
Las más de 50 organizaciones internacionales que se especifican a continuación por la presente instan al Gobierno de Honduras a que asegure que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra y que los/as defensores/as hondureños del medio ambiente puedan desempeñar su labor legítima sin temer por su seguridad.
El 3 de marzo de 2016, la defensora de derechos medioambientales Sra Berta Cáceres fue asesinada por perpetradores desconocidos que entraron en su casa en las horas de la madrugada.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras,que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Berta fue finalista del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014 y, en 2015, recibió el premio más importante del mundo para defensores del medio ambiente: el Premio Goldman. Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) desde 2009.
Berta Cáceres estaba profundamente involucrada en la campaña por la defensa del Río Galcarque, el sitio propuesto para la represa hidroeléctrica Água Zarca, que está siendo desarrollado conjuntamente por la empresa hondureña FICOHSA y la empresa multinacional SINOHYDRO. La defensora de derechos humanos era una de las voces más fuertes en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica, la cual se inició sin el consentimiento de las comunidades locales ni la celebración de consultas adecuadas con ellas, en violación clara del Convenio numero 169 de la OIT.
La defensora de derechos humanos fue dispara con arma de fuego aproximadamente a la 01:00 am del 3 de marzo de 2016. Su hermano también fue lesionado en el ataque. Todo apunta a que el asesinato fue llevado a cabo como represalia por el trabajo de la defensora de derechos humanos en defensa de los derechos indígenas y medioambientales y su denuncia pública sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto del desarrollo de megaproyectos en Honduras. Una semana antes del asesinato, la defensora denunció en una rueda de prensa los asesinatos de 4 líderes de su comunidad así como amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de derechos humanos.
Anteriormente, la defensora de derechos humanos había sido amenazada y enfrentaó persecución como resultado de su trabajo, incluido su acusación por cargos falsos e infundados de usurpación de tierra y coacción, en un caso que fue desestimado en enero de 2014. El recrudecimiento de las amenazas contra Berta Cáceres y otros miembros del COPINH había sido denunciado por el COPINH el febrero pasado.
Otros miembros del COPINH han sido asesinados en el pasado. El 15 de julio de 2013, el defensor de derechos humanos y miembro de COPINH Sr Tomas Garcíá fue asesinado por el Ejercito Hondureño mientras participaba en una manifestación pacífica contra el proyecto Agua Zarca. Hasta la fecha, el caso ha quedado en la impunidad.
El 10 de febrero de 2014 en el Juzgado Primero de Letras de Santa Bárbara fue dictado el sobreseimiento definitivo en el caso de la defensora de derechos humanos la Sra Berta Cáceres.
Se le imputaba desde el 24 de mayo de 2013 por el supuesto delito de “posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras”.
Por lo consiguiente en el juicio del 10 de febrero de 2014, queda extinguida la acción penal y revocada las medidas cautelares que estaban pendientes en su contra. La medidas cautelares consistían en que la defensora de derechos humanos estaba obligada a firmar control cada semana en el Juzgado de Paz de la Esperanza y estaba prohibida su salida r del país.
Si bien Front Line Defenders acoge con satisfacción el sobreseimiento en el caso contra Berta Cáceres, la preocupación está latente ante el proceso judicial impuesto por la empresa DESA contra Bertha Cáceres y los Sres Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño. Para más información sobre este caso, por favor véase la página web de Berta Cáceres en el sitio de Front Line Defenders.
El 26 de enero de 2014, al mediodía, la defensora de derechos humanos y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Sra Berta Cáceres fue detenida temporalmente. Esto fue a pesar de que Berta Cáceres había recibido un sobreseimiento temporal por la Corte de Apelaciones de Comayagua en su proceso el 9 de enero de 2014.
El 26 de enero de 2014, Berta Cáceres fue detenida por miembros de la dirección general de investigación criminal, quienes le mostraron una orden de su captura y le informaron que las autoridades no les habían comunicado ninguna contra-orden. Según las fuentes, solo la plena conciencia de sus derechos y su conocimiento de la ley hicieron que fuera liberada una hora después.
Berta Cáceres y los demás miembros de COPINH llevan aproximadamente ocho meses enfrentando un patrón de hostigamientos judicial y criminal, desde que Berta Cáceres y el Sr Tomás Gómes Membreño fueron detenidos por el ejército en un operativo militar el 25 de mayo de 2013. La defensora y el defensor de derechos humanos viajaban con el propósito de protestar por la construcción de una represa en el río Gualcarque. COPINH también ha sufrido los asesinatos de al menos dos de sus miembros; el Sr Tomás García y antiguo miembro Sr Justo Sorto, en julio de 2013 y enero de 2014 respectivamente.
El 9 de enero de 2014, la Corte de Apelaciones de Comayagua notificó el sobreseimiento provisional en el caso de la defensora y los defensores de derechos humanos Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina. Habrían sido enfrentados a cargos de usurpación de tierras, coacción y causar más de 3 millones de dólares en daños a la compañía hidroeléctrica DESA.
La Corte además revocó una resolución de desalojar la comunidad indígena Lenca de sus tierras ancestrales, así como la orden de captura que había estado en su contra. Todavía no hay fecha para la decisión final.
El caso se enmarca en un contexto de inquietud profunda en Honduras y en la región en general, los grandes proyectos de desarrollo están impactando fuertemente los derechos medioambientales y los derechos del pueblo indígena, además el mecanismo de consulta libre y previa no está siendo respetado.
On 20 September 2013, a magistrate ordered the pre-trial detention of human rights defender Berta Cáceres following a hearing on charges of usurpation of land, coercion, and causing more than $3 million in damages to DESA, a hydroelectric dam company. Moreover, human rights defenders Aureliano Molina and Tomás Gómez Membreño have been ordered to sign on at a police station every 15 days.
The official arrest warrant is due to be issued and Berta Cáceres is currently not in detention. The human rights defender's lawyer, Mr Víctor Fernández, is currently seeking to appeal the decision.
El 13 de junio de 2013, la defensora de derechos humanos Berta Cáceres quedó sobreseída temporalmente en los procedimientos en su contra por falta de pruebas. La defensora de derechos humanos había sido acusada de portación ilegal de un arma, que ella decía que había sido plantada en su carro, en un procedimiento en Santa Barbara, en el occidente de Honduras.
Los testimonios de la policía y los militares fueron considerados insuficientes y la prohibición de viajar en su contra fue denegada. Aunque la defensa presentó argumentos para desestimar la acusación definitiva, el juicio sigue abierto y a la espera de nuevos elementos de prueba del fiscal del Estado.
La mañana del proceso, representantes de más de cuarenta movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos llegaron al juzgado para mostrar su solidaridad con la defensora de derechos humanos. Sin embargo, representantes del COPINH fueron detenidos temporalmente en un retén militar en el camino al juzgado, acto que han interpretado como intimidatorio. Se ha sugerido que las largas pausas en la audiencia, que duró más de 8 horas, tenían como objetivo cansar a las personas que manifestaban frente al juzgado para que se marcharan.
Si bien Front Line Defenders celebra el resultado en el juicio contra Berta Cáceres, urge a que se cierre el caso, y manifiesta su profunda preocupación ya que el arresto y detención de la defensora demuestra la tendencia creciente hacia la militarización y la represión de los/as defensores/as de derechos humanos en el país. Para más información sobre este caso por favor consulte el llamado urgente de Front Line Defenders emitido del día 27 de mayo de 2013.
El 25 de mayo de 2013, pasada la una de la tarde, Berta Cáceres, co-ordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares – COPINH, fue condicionalmente liberada de su detención por el juez José Francisco Pineda Ayala del Juzgado en Santa Barbara, en el occidente de Honduras.
La defensora de derechos humanos había sido detenida el día anterior junto con Tomás Gómez Membreño, también miembro del COPINH. Actualmente, COPINH están involucrado en una campaña por la defensa del río Gualcarque, lo cual es el sitio de una represa propuesta por la empresa hondureña FICOHSA y la multinacional SINOHYDRO.
El 24 de mayo de 2013, Berta Cáceres y Tomás Gómez Membreño fueron detenidos en una operación militar en el sector de Agua Caliente de Santa Barbara. Una veintena de elementos del ejército, miembros del batallón de ingenieros de Siguatepeque detuvieron su carro y hicieron una inspección de una manera violenta y agresiva, antes de solicitar presencia policial. La policía llegó en carros que permanecieron a las compañías responsables por el proyecto a lo cual se opone COPINH. Los defensores de derechos humanos fueron informados que habían sido detenidos por la portación ilegal de una arma, supuestamente encontrada en la paila del carro. Mientras que Tomás Gómez Membreño fue liberado a las once de la noche, Berta Cáceres fue puesta en una bartolina y tratada como persona altamente peligrosa.
Antes de liberarla, el fiscal de Ministerio Público, Nery Betancourt, le remitió al juzgado donde le dieron medidas sustitutivas que consisten en obligarla a firmar cada viernes del mes en un juzgado, la imposibilidad de salir del país, y la cita a un juicio el 13 de junio próximo. El carro de la organización se mantiene decomisado.
El abogado de la defensa, Marcelino Martínez, sostiene que el incidente es parte de un clima creciente de militarización en Honduras. Insiste que el arma fue sembrado como parte de una campaña de criminalización del movimiento y de la protesta social, y que los militares no siguieron procedimientos legales durante la detención de los dos defensores de derechos humanos.
